¿Una ficción sobre la vivienda?
Juan Antonio - 27-10-2006 22:50:07 | Categoria: Política
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por primera vez en cinco años.
El valor de los pisos empieza a caer en varias provincias, y el suelo sube por debajo del IPC.
La escalada inmobiliaria remite, y por primera vez en cinco años los precios crecen por debajo del 10%. El metro cuadrado de la vivienda en el mercado libre (nueva y usada) se situó en la media de 1.956,7 euros en el tercer trimestre, un 9,8% más que un año antes. Es el menor crecimiento desde el segundo trimestre de 2001 y constata la moderación iniciada hace un año tras cinco ejercicios de fuertes alzas, que han dejado a los ciudadanos más endeudados que nunca. La desaceleración se acentúa en el tercer trimestre, con un crecimiento frente al trimestre anterior del 0,7%, el menor desde final de 2000. Los precios caen en 12 provincias. El Gobierno dice que no hay riesgo de que explote la llamada burbuja.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda.
La escalada inmobiliaria remite, y por primera vez en cinco años los precios crecen por debajo del 10%. El metro cuadrado de la vivienda en el mercado libre (nueva y usada) se situó en la media de 1.956,7 euros en el tercer trimestre, un 9,8% más que un año antes. Es el menor crecimiento desde el segundo trimestre de 2001 y constata la moderación iniciada hace un año tras cinco ejercicios de fuertes alzas, que han dejado a los ciudadanos más endeudados que nunca. La desaceleración se acentúa en el tercer trimestre, con un crecimiento frente al trimestre anterior del 0,7%, el menor desde final de 2000. Los precios caen en 12 provincias. El Gobierno dice que no hay riesgo de que explote la llamada burbuja.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda.
La Operación Malaya no sólo tuvo ramificaciones. A lo que parece, ha tenido, además, consecuencias: como en un inesperado efecto dominó, el desmantelamiento de la trama de corrupción urbanística en Marbella ha dado paso a una multiplicación de las noticias sobre escándalos en otros Ayuntamientos, tanto pequeños como grandes.
Fieles, en gran medida, a las pautas de comportamiento establecidas durante los años de plomo de aquella remota "regeneración democrática", los partidos han reaccionado en un primer momento convirtiendo los casos de corrupción en bazas electorales anticipadas, preparando las próximas elecciones municipales. La tentación de erigirse en depositarios de la virtud sigue siendo irresistible después de tantos años asistiendo a lo que, en un contexto diferente al que se vivió en España de 1993 en adelante, Popper describió como un intento de hacer política con la moral, en vez de moralizar la vida pública. Frente a Villanueva de la Cañada, Ciempozuelos, y viceversa, dependiendo del líder o, incluso, del medio periodístico que se pronuncie sobre la cuestión.
Desvelar episodios de corrupción equivale, normalmente, a denunciar anomalías introducidas en el sistema de gestión y que dejan sin efecto las garantías y controles públicos. En el ámbito del urbanismo, sin embargo, se trata de algo diferente: es el sistema de gestión mismo el que favorece que las garantías y controles públicos queden sin efecto, hasta el punto de que la anomalía, la "corrupción", ha llegado a ser el que funcionen correctamente, gracias a alcaldes y concejales que se han comportado como tontos, según la expresión de un promotor hoy perseguido por la justicia.
Los Ayuntamientos se ven obligados a recalificar terrenos para completar una financiación que les resulta insuficiente y, a partir de ese momento, coinciden todos los intereses. Los de los propietarios del suelo y los de los promotores, los de las empresas constructoras y los de los especuladores. Todos, en fin, menos los de quienes necesitan un techo sencillamente para vivir, y de ahí que, paradójicamente, la furia urbanística que ha devastado la fisonomía del país no haya servido para resolver el problema de la vivienda, sino para agravarlo. El secreto de Polichinela consistía, entre tanto, en que los medios imaginativos para financiar las acciones públicas suelen acabar desembocando, en todo o en parte, en bolsillos privados. Ya pasó con la financiación de los partidos.
La gravedad de la situación creada por la rampante corrupción en el sector urbanístico reside en que, ante la mirada indiferente de todos, la construcción ha llegado a convertirse en el motor de la economía española. Es decir, el polizón se ha hecho con el barco, y ahora no hay manera de ponerlo a buen recaudo sin correr graves riesgos económicos.
Por primera vez en diez años, el precio de la vivienda se ha ralentizado de manera sustancial, e incluso ha descendido en algunas capitales. Sería una buena noticia si, por el otro lado, el sistema financiero español no hubiera asumido unos riesgos quién sabe si temerarios, dejándose arrastrar por la euforia especulativa que encontró su becerro de oro en el ladrillo. De acuerdo con los expertos, nada induce a descartar un aterrizaje suave; de acuerdo con la experiencia, pocos aterrizajes lo han sido. Sobre todo cuando la burbuja especulativa se había elevado hasta alturas que, como ahora se empieza a advertir, desafiaban el sentido común. Si cunde el pánico, el desplome se convierte en caída libre.
La proximidad de las elecciones municipales hace augurar que el urbanismo desaforado formará parte de la agenda política de la campaña. La cuestión esencial reside en cómo será tratado, como un apetitoso bocado para seguir alimentando un sectarismo sin duda ruidoso pero rigurosamente inútil, o como uno de los más graves problemas, si no el más grave, a los que el país habrá de enfrentarse en breve. Tan arriba ha llegado el polizón.
José María Ridaó
Fuente
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Marchando un refrito de decálogo
Propuestas contra el ladrillo feroz: el PSOE presenta un decálogo recalentado –es de junio– donde se dicen generalidades como “hacer ciudades habitables” o “cumplir escrupulosamente la legalidad”. Supongo que no pidieron también la paz en el mundo, como las ‘misses’, porque aún no saben que los decálogos pueden tener once puntos. Como novedad, prometen también no presentar a las elecciones a ningún candidato involucrado en casos de corrupción.
Qué detallazo.
Mientras tanto, la derecha española se hace la sueca. Rajoy dice que con él no va la cosa. ¡Cómo que un pacto contra la corrupción! ¡Si hay corrupción, que se vayan al juzgado! ¡Y dos huevos duros!
Fieles, en gran medida, a las pautas de comportamiento establecidas durante los años de plomo de aquella remota "regeneración democrática", los partidos han reaccionado en un primer momento convirtiendo los casos de corrupción en bazas electorales anticipadas, preparando las próximas elecciones municipales. La tentación de erigirse en depositarios de la virtud sigue siendo irresistible después de tantos años asistiendo a lo que, en un contexto diferente al que se vivió en España de 1993 en adelante, Popper describió como un intento de hacer política con la moral, en vez de moralizar la vida pública. Frente a Villanueva de la Cañada, Ciempozuelos, y viceversa, dependiendo del líder o, incluso, del medio periodístico que se pronuncie sobre la cuestión.
Desvelar episodios de corrupción equivale, normalmente, a denunciar anomalías introducidas en el sistema de gestión y que dejan sin efecto las garantías y controles públicos. En el ámbito del urbanismo, sin embargo, se trata de algo diferente: es el sistema de gestión mismo el que favorece que las garantías y controles públicos queden sin efecto, hasta el punto de que la anomalía, la "corrupción", ha llegado a ser el que funcionen correctamente, gracias a alcaldes y concejales que se han comportado como tontos, según la expresión de un promotor hoy perseguido por la justicia.
Los Ayuntamientos se ven obligados a recalificar terrenos para completar una financiación que les resulta insuficiente y, a partir de ese momento, coinciden todos los intereses. Los de los propietarios del suelo y los de los promotores, los de las empresas constructoras y los de los especuladores. Todos, en fin, menos los de quienes necesitan un techo sencillamente para vivir, y de ahí que, paradójicamente, la furia urbanística que ha devastado la fisonomía del país no haya servido para resolver el problema de la vivienda, sino para agravarlo. El secreto de Polichinela consistía, entre tanto, en que los medios imaginativos para financiar las acciones públicas suelen acabar desembocando, en todo o en parte, en bolsillos privados. Ya pasó con la financiación de los partidos.
La gravedad de la situación creada por la rampante corrupción en el sector urbanístico reside en que, ante la mirada indiferente de todos, la construcción ha llegado a convertirse en el motor de la economía española. Es decir, el polizón se ha hecho con el barco, y ahora no hay manera de ponerlo a buen recaudo sin correr graves riesgos económicos.
Por primera vez en diez años, el precio de la vivienda se ha ralentizado de manera sustancial, e incluso ha descendido en algunas capitales. Sería una buena noticia si, por el otro lado, el sistema financiero español no hubiera asumido unos riesgos quién sabe si temerarios, dejándose arrastrar por la euforia especulativa que encontró su becerro de oro en el ladrillo. De acuerdo con los expertos, nada induce a descartar un aterrizaje suave; de acuerdo con la experiencia, pocos aterrizajes lo han sido. Sobre todo cuando la burbuja especulativa se había elevado hasta alturas que, como ahora se empieza a advertir, desafiaban el sentido común. Si cunde el pánico, el desplome se convierte en caída libre.
La proximidad de las elecciones municipales hace augurar que el urbanismo desaforado formará parte de la agenda política de la campaña. La cuestión esencial reside en cómo será tratado, como un apetitoso bocado para seguir alimentando un sectarismo sin duda ruidoso pero rigurosamente inútil, o como uno de los más graves problemas, si no el más grave, a los que el país habrá de enfrentarse en breve. Tan arriba ha llegado el polizón.
José María Ridaó
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Propuestas contra el ladrillo feroz: el PSOE presenta un decálogo recalentado –es de junio– donde se dicen generalidades como “hacer ciudades habitables” o “cumplir escrupulosamente la legalidad”. Supongo que no pidieron también la paz en el mundo, como las ‘misses’, porque aún no saben que los decálogos pueden tener once puntos. Como novedad, prometen también no presentar a las elecciones a ningún candidato involucrado en casos de corrupción.
Qué detallazo.
Mientras tanto, la derecha española se hace la sueca. Rajoy dice que con él no va la cosa. ¡Cómo que un pacto contra la corrupción! ¡Si hay corrupción, que se vayan al juzgado! ¡Y dos huevos duros!
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Las manifestaciones por el derecho a una vivienda digna golpean las entrañas del Sistema.
Manifiesto
Por una vivienda digna para todos.
Porque el techo es un derecho y no un negocio.
¡Basta de especulación!
El problema del acceso a una vivienda digna se ha convertido en los últimos años en una de los problemas fundamentales de gran parte de la población, jóvenes y trabajadores con empleos cada vez más precarios e inestables, inmigrantes, personas sin techo e inquilinos. Así en tan sólo diez años el precio de la vivienda ha aumentado más de un 150%, mientras que los salarios sólo lo han hecho un 37%. Lo que supone que un joven debe invertir casi el 60% de su sueldo para poder comprar un piso, produciendo un endeudamiento atroz entre capas muy amplias de la población.
Mientras bancos, cajas, inmobiliarias y promotoras ven aumentar escandalosamente sus beneficios ( BSCH, BBVA, La Caixa y Caja Madrid en un 21% más que el pasado año, unos 8.394 millones de euros) Por otro lado, no existe un problema de escasez de viviendas, pues el número de viviendas vacías no deja de aumentar (en el Estado existen 3,1 millones de viviendas vacías. Sólo en la ciudad de Sevilla hay unas 45.000 casas vacías y unas 85.000 solicitudes de acceso a una vivienda), y en el pasado año se construyeron unas 800.000 viviendas , cifra superior al de Francia, Gran Bretaña y Alemania juntas, llegando a un promedio de una vivienda para cada dos habitantes. Algo falla. La conversión de la vivienda en pura mercancía y objeto de especulación hace que este derecho fundamental sea vulnerado y supone también una devastadora agresión al medio ambiente y un enorme despilfarro energético e hídrico. Todo ello con la complicidad nada desinteresada de gobierno central, autonómico y ayuntamientos, quienes por otro lado tienen en sus manos la posibilidad de revertir esta situación, que además amenaza con seguir agudizándose.
Frente a este panorama ha ido conformándose de una manera espontánea un movimiento a nivel estatal que está sumando fuerzas. Sentadas, caceroladas, manis, acampadas,…sumándose a la larga historia de luchas vecinales y ecologistas ya existentes. Más de 15.000 en Barcelona, Madrid… En Sevilla, tras la convocatoria de varias concentraciones se constituyó el pasado mes la Asamblea por una vivienda digna, una asamblea abierta y horizontal, a la que te invitamos a participar para continuar organizando la lucha por una vivienda digna para todos, denunciando esta situación salvaje, señalando a los responsables, públicos y privados y exigiendo un cambio inmediato de las políticas urbanísticas. Sólo con la movilización y la lucha podemos conseguir acabar con esta injusticia, con la que unos pocos se lucran a costa del sacrificio de una gran mayoría.
¡Es la hora de llamar a la rebelión contra todas las Marbellas: Sevilla también lo es!
¿ Qué políticas alternativas hay?
DESDE LA ASAMBLEA POR UNA VIVIENDAD DIGNA DE SEVILLA EXIGIMOS:
- La construcción de más viviendas no es la solución. Es necesario un cambio de modelo, del actual basado en la producción masiva de viviendas como motor de la economía, a un modelo basado en la rehabilitación y la gestión con criterios sociales de la vivienda ya construida.
- Incentivar el alquiler y la rehabilitación frente a la propiedad y la nueva construcción. Acometiendo cambios legislativos en la ley del suelo y la ley de arrendamientos urbanos.
- La penalización de los inmuebles vacíos, sin utilizar o abandonados, para que progresivamente puedan ser habitadas, integrándose en una bolsa pública de vivienda.
- Porque la vivienda es un derecho y no un negocio. Limitación del precio de los alquileres y del precio de venta de la vivienda. Fijación del coste máximo del suelo. De modo que no tengamos que pagar nunca más del 20% de nuestro salario para acceder a una casa.
- Prohibición de venta de suelo público
- Garantizar que del total del suelo urbanizable un mínimo del 75% se destine a vivienda social protegida, frente el 30% actual.
- Políticas destinadas a frenar el proceso de gentrificación (sustitución de la población tradicional de los barrios populares por nuevos propietarios de cuentas corrientes boyantes). Derecho a arraigo. Desalojo 0%.
- Gestión pública de todos los procesos de acceso a la vivienda, desde la transmisión, alquiler compraventa, promoción,...
- Despenalización de la ocupación de inmuebles abandonados.
FuenteComentario de Juan Antonio hace 3 años y 37 meses
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