Los Nadies

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy el comienzo oficial de las negociaciones entre ETA y el Gobierno que preside, el cual respetará "las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente respetando las normas legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, en ausencia de todo tipo de violencia".

Zapatero ha reiterado que el proceso va a ser "largo, duro y difícil", y que el Gobierno español lo abordará con "decisión y prudencia, con unidad y lealtad", y "siempre respetando la memoria de las víctimas"; y ha insistido en que debe alcanzarse un "amplio acuerdo político que recoja el pluralismo de la sociedad vasca".

Zapatero se ha dirigido a la sociedad vasca para señalar que "la paz es una tarea de todos" y que "será fuerte si tiene profundas raíces sociales y si abarca el conjunto de la sociedad vasca". También ha pedido la colaboración de todos los medios de comunicación "teniendo en cuenta el alcance del proceso que vamos a vivir", ha garantizado que "la democracia no va a pagar ningún precio político por alcanzar la paz", así como la vigencia de la Ley de Partidos.

Transcripción íntegra del discurso de José Luis Rodríguez Zapatero

ETA declaró el 23 de marzo pasado por primera vez un alto el fuego permanente, por primera vez después de tres años sin atentados mortales, y por primera vez, en situaciones de este tipo, habiendo desaparecido prácticamente la totalidad de sus acciones. En distintos momentos del periodo democrático hemos tenido expectativas de poder alcanzar el fin de la violencia. Los gobiernos sucesivos, tanto el de Felipe González como el de José María Aznar, intentaron alcanzar la paz. No fue posible. Lo intentaron de buena fe. Y desde aquí mi reconocimiento a esos esfuerzos que en su día hicieron. Lo singular de la situación no es tanto lo que ETA ha dejado de hacer, sino lo que los demócratas hemos hecho durante todos estos años, defendiendo los valores democráticos, defendiendo los valores constitucionales, y de manera muy singular todos los ciudadanos de nuestro país. El objetivo de todos los gobiernos ha sido la erradicación de la violencia en el País Vasco y en el resto de España. Para ello ha habido distintos procesos de diálogo y de acuerdos entre fuerzas políticas, destinados a fortalecer el Estado de derecho. Quiero desde aquí hacer un reconocimiento a todos los servidores del Estado de derecho, en su tarea, en la que han realizado y en la que realizan en estos momentos.

En estos largos años todos los Gobierno han intentado alcanzar la paz desde un compromiso amplio de convivencia, manteniendo un principio esencial: la democracia no va a pagar ningún precio político por alcanzar la paz. Y defendiendo que el proceso de pacificación y normalización del País Vasco es una tarea de todas las fuerzas políticas. Así se ha recogido en distintas resoluciones institucionales. Precisamente al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular. Así lo ha anunciado el ministro del Interior a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria esta mañana. Quiero agradecer la actitud de todas las fuerzas políticas, y quiero subrayar que la forma de realizar este anuncio a la opinión pública es responsabilidad exclusiva del Gobierno. He reiterado en más de una ocasión que el proceso va a ser largo, duro y difícil. Lo abordaremos con decisión y con prudencia, con unidad y con lealtad, y siempre respetando la memoria de las víctimas.

Quiero también establecer principios básicos sobre el futuro de Euskadi, y para ello quiero hacer una apelación a los ciudadanos, a las formaciones políticas y a la sociedad vasca en general. Los ciudadanos de Euskadi disfrutan del mayor autogobierno que han tenido nunca en su historia con el Estatuto de Gernika, elaborado al amparo de la Constitución de 1978. Decidieron, los ciudadanos vascos, libremente su futuro. Desgraciadamente ha persistido la violencia, la coacción y el terror. Tenemos la oportunidad de poner fin a esa situación, y desde los principios del pasado, desde los principios democráticos, les digo que el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y coacción.

En más de una ocasión me han escuchado decir que el futuro de Euskadi exige un gran acuerdo de convivencia política. Concretamente, en el debate sobre el plan Ibarretxe, ‘si vivimos juntos’, afirmé en aquella ocasión, ‘decidimos juntos’. Un gran acuerdo político de convivencia, por eso el Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi deben alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones. Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político que recoja el pluralismo de la sociedad vasca, ésas son las reglas. Reglas que valen también para la participación en la vida política institucional, para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos. Durante años todos los demócratas hemos intentado que aquéllos que no aceptaban, que no han aceptado la voluntad democrática de los vascos, acepten las reglas del juego. Tenemos esa oportunidad, y trabajaremos para que eso se pueda consumar.

Quiero dirigirme ahora a la sociedad vasca. La paz es una tarea de todos. La paz será fuerte si tiene profundas raíces sociales, si abarca al conjunto de la sociedad vasca. Hoy entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales, deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno, y por supuesto a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales. Voy terminando. Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno, el mío personal, con los valores, principios y reglas con la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia.

Soy plenamente consciente de que los ciudadanos tienen un gran anhelo de paz y una exigencia de máximo respeto a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Como presidente del Gobierno de España, asumo la responsabilidad de colmar ese anhelo de paz y esa exigencia de máximo respeto, reconocimiento, a la memoria, al honor, a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familias. La sociedad española conoce el alcance de la tarea que tenemos por delante. Una tarea que voy a desarrollar con prudencia y con discreción. Quiero desde aquí pedir para esa tarea la colaboración de todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance del proceso que vamos a vivir. A finales del mes de septiembre, el ministerio de Interior realizará una nueva ronda de información a todos los grupos parlamentarios sobre el desarrollo del proceso que hoy abrimos. Muchas gracias.

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Editorial de Gara del 30 de junio de 2006

Hora de trabajar en Euskal Herria

Una declaración histórica: es la primera vez que un Gobierno español se compromete pública y oficialmente a respetar la decisión de los ciudadanos vascos sobre su futuro, reconociendo además que el acuerdo político compete a los partidos y agentes vascos a través del método que éstos decidan y que será trasladado luego a los distintos ámbitos institucionales.

No quedan ya excusas para que todos los agentes de Euskal Herria lancen el debate democrático para alcanzar un acuerdo que Madrid y París deberán respetar.

Es obvio que el proceso comenzó hace meses, porque declaraciones de tanto calado y alcance como la del alto el fuego permanente de ETA y la del Gobierno español no surgen de la nada.

Ayer, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por una sala anexa al hemiciclo del Congreso de los Diputados para anunciar el inicio del diálogo con ETA. El esperado pronunciamiento no se quedó en un mero enunciado de la intención del Gobierno de abrir negociaciones con la organización armada, sino que Zapatero hizo públicos sus compromisos con el proceso político, concretados fundamentalmente en la aceptación de que corresponde a los partidos y agentes vascos fijar los métodos de diálogo y adoptar un acuerdo justo y democrático que encamine un proceso resolutivo, y en el respeto a las decisiones que adopten los ciudadanos vascos. Esa es la tarea que tienen ante sí todos los agentes vascos y el conjunto de los ciudadanos de Euskal Herria. Si alguien pretendía esgrimir todavía clichés y excusas manidas, cayeron el 22 de marzo con el anuncio de ETA, y ayer con la declaración de Zapatero. Sería desde luego deseable que también el Estado francés, que recientemente hizo público su apoyo a las vías que adopte Madrid para solucionar el conflicto político, expresara otro tanto. ETA, tanto en su declaración del 22 de marzo como en la entrevista concedida a Gara y en su último comunicado, emplazó a ambos estados a que mostraran su compromiso con el proceso y su respeto a la palabra y la decisión de los vascos.

La declaración del presidente del Ejecutivo español sitúa definitivamente el centro de gravedad del proceso político en Euskal Herria, y es ahí donde debe quedar. Pero eso exige responsabilidad. No hay nada hecho todavía. Los pasos dados hasta este momento no servirán de nada si todos los agentes del conjunto de Euskal Herria no abren un verdadero proceso democrático. La solución está en Euskal Herria, y es aquí donde deben buscarse los acuerdos y las garantías. De hecho, un acuerdo entre las fuerzas vascas que articule el derecho a decidir de todos sus ciudadanos sería sin duda la mejor garantía para que el proceso entrase en una fase resolutiva, sería la mejor garantía para que los estados español y francés aceptasen sin limitaciones ni injerencias lo negociado y acordado, y en último término lo decidido por los ciudadanos vascos.

José Luis Rodríguez Zapatero, aunque expresó al final su compromiso absoluto con la Constitución de 1978, no la mencionó ni esgrimió en las partes realmente sustanciosas y centrales de su declaración; sí apeló, en cambio, al respeto a las normas y procedimientos legales, e incluso hizo mención expresa al mantenimiento de la vigencia de la Ley de Partidos. Pero las cuestiones de leyes y marcos, ya se sabe, tienen su base en los acuerdos políticos, y es obvio que esas normas, la legalidad vigente, están ahí para ser cambiadas, en su caso, de acuerdo a la voluntad libre y democráticamente expresada de los ciudadanos vascos.

Ayer, el Gobierno español admitió expresamente la existencia de un conflicto político. La tarea histórica de desatascar las cuestiones que están en su origen y constituir la mesa de diálogo democrático corresponde al conjunto de formaciones políticas y agentes vascos y, en último término, a la sociedad, a quien ayer se dirigió expresamente Zapatero.

Pero los estados español y francés tienen aún deberes por hacer. Gara publicaba este pasado lunes un grave balance represivo de los tres meses transcurridos del alto el fuego permanente de ETA. Cuando Zapatero subraya que «en ausencia de todo tipo de violencia y coacción», debería fijar la vista en sus servicios policiales y judiciales. A los compromisos deben seguir, en buena lógica, decisiones que propicien las condiciones mínimas que permitan un debate democrático. Deben acabar las injerencias y los obstáculos que se están colocando en el camino, deben acabar los ataques al proceso de resolución. Y, sobre todo, debe echar a andar el diálogo democrático en Euskal Herria.

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Transcripción íntegra de la declaración de Mariano Rajoy

Buenas tardes. Como todos ustedes saben, el presidente del Gobierno acaba de anunciar la voluntad de establecer un diálogo con la organización terrorista ETA y eso es lo que motiva mi comparecencia para dar a conocer la opinión de mi partido en relación con este asunto.

Lo primero que quiero decirles a todos ustedes es que los españoles tienen desde hace ya más de 30 años como gran objetivo nacional acabar con ETA, recuperar la libertad de la que ETA ha privado a muchísimos millones de españoles a lo largo de estos últimos años y que en España se aplique la ley. Ese es uno de los grandes objetivos nacionales, sino el más importante, y el que ha unido a la inmensa mayoría de los españoles a lo largo de todos estos años. Por tanto, el PP siempre estará presto y dispuesto a conseguir que estos objetivos nacionales se cumplan. Repito, recuperar la libertad en el País Vasco y Navarra y en el conjunto de España, que en España se aplique la ley y que ETA se disuelva. Ese debe ser un gran objetivo nacional compartido por todos. A partir de ahí, en relación con las novedades que se han producido en el día de hoy, quiero darles a conocer la posición de mi partido.

No hay grandes novedades en la posición de mi partido desde el día 22 de marzo, fecha en la que ETA anunció la tregua. El día 22 de marzo hice un discurso que hoy puedo repetir en su totalidad, lo cual no debe sorprender a nadie, porque en un tema de estas características no parece lo más razonable cambiar de criterio y decir un día una cosa y otro día la contraria. Por tanto, voy a resumir la posición que en esta misma sala en la mañana del día 22 de marzo transmití al conjunto de la opinión pública, que reiteré esa tarde en el Congreso de los Diputados y el día 28 de marzo, en una reunión que tuve con el presidente del Gobierno en La Moncloa y que luego transmití a la salida en el propio palacio presidencial al conjunto de la opinión pública. Mi posición entonces y hoy era la siguiente:

Primero, estamos ante la cuarta tregua de la organización terrorista ETA y, por tanto, este asunto aunque sólo sea por experiencia hay que tomarlo con mucha cautela. En segundo lugar, nosotros en aquel momento –yo lo hice, lo expliqué a la opinión pública española- apoyamos al Gobierno para que constatara que la decisión de ETA de dejar su actividad criminal era irreversible, para que constatara que ETA no iba a estar quieta una temporada, sino que iba a estar quieta de manera definitiva, que ETA iba a dejar de matar no una temporada, sino para siempre. Para eso es para lo que nosotros le dimos el apoyo al presidente del Gobierno.

Quiero decir que le dimos el apoyo para lo mismo que el presidente del Gobierno José María Aznar recibió en el año 1999 el apoyo de las demás fuerzas políticas, que es para lo que nosotros le pedimos el apoyo a dichas fuerzas políticas. Nosotros, en el año 99 le pedimos el apoyo al resto del arco parlamentario para hablar con ETA para ver si su decisión de dejar las armas era irreversible. Y para eso se nos dio el apoyo.

Quiero decir también que en aquel momento le dije al presidente del Gobierno, y lo reitero ahora, que no es aceptable ninguna negociación política con una organización terrorista, porque en ese caso los terroristas habrían ganado después de 30 años, porque habrían conseguido su gran objetivo, que era la negociación política y porque de esa manera convertiríamos al terrorismo en un instrumento para hacer política.

También le dije al presidente del Gobierno que durante todo el período siguiente, el Estado de Derecho debía seguir funcionando y, por tanto, el Fiscal debía cumplir con sus obligaciones, igual que la Policía, la Guardia Civil, el Poder Judicial y la Administración Penitenciaria. La ley no descansa. La ley no está en tregua ni puede estarlo nunca en un sistema democrático. Y, por último, le advertí al presidente del Gobierno la necesidad de establecer complicidades y de apoyar a las víctimas del terrorismo.

Esa era mi postura de entonces que, como es natural, es mi postura de hoy. Nosotros apoyamos en su día al Gobierno para que hablase con ETA de ETA, de su disolución y de cuándo dejaba las armas. Pero no apoyamos al Gobierno para que hablase con ETA, con Batasuna o con cualquier otra marca de ETA o Batasuna ni de Navarra, ni del País Vasco ni de España.

Esa era mi posición. Le dije entonces al presidente del Gobierno, en mi opinión usted debe hablar con ETA para que ETA deje definitivamente las armas, pero no puede hablar ni con ETA ni con Batasuna de España, ni del País Vasco, ni de Navarra, ni de cosas que sólo le conciernen al conjunto de la soberanía nacional. Esa era nuestra posición, la que he defendido a lo largo de los últimos meses, la que todos ustedes conocen. Creo que era la más razonable, la coherente con lo que nosotros hicimos en el año 1999 y la que persigue lograr los objetivos que persiguen todos los españoles, que son acabar con ETA, recuperar la libertad y que en España prime el imperio de la ley.

Después, al cabo de algunos meses, supimos que el Gobierno y el PSOE estaban dispuestos a reunirse con Batasuna. Quiero decir que esto no es aceptable, porque Batasuna es ETA, según la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo del año 2003. Batasuna es ETA y con Batasuna se habla de política. Y si con Batasuna estamos hablando de política, estamos hablando de política con ETA. Por eso no cabe ninguna reunión con Batasuna. Porque estaríamos en el inicio de las dos mesas que plantearon ETA y Batasuna en su última declaración política. Una para hablar de las armas y otra para hablar de política en la que estaría presente la segunda marca de ETA, que es Batasuna. Por tanto, no es aceptable que haya una reunión con Batasuna, porque en ese caso los terroristas habrían ganado, porque habrían conseguido su objetivo, que era la negociación política y porque el terrorismo hubiera quedado en España para siempre como un instrumento hábil para hacer política y para conseguir objetivos políticos.

Hay otras razones para que no haya reuniones con Batasuna. Es que es ilegal. Y en España todos, y naturalmente el Gobierno también, estamos sujetos al imperio de la ley y porque además arruinaríamos la que ha sido la política antiterrorista eficaz de estos últimos años, que echó a Batasuna de las instituciones y que, por tanto, le dijo a ETA que mientras no dejaran de matar no podría entablarse ninguna negociación política con ellos.

¿Y cuando se puede hablar con Batasuna? Porque creo que es bueno ser claro en estas cosas. Pues cuando desaparezca ETA y se convierta en un partido legal. ¿Y cuándo será legal Batasuna? Cuando ETA se disuelva. Porque si Batasuna se legaliza antes de que ETA se disuelva, tendremos dos ETAs: una ETA legal, que es Batasuna, que haría negociaciones políticas y otra ETA ilegal, con otro nombre, que sería el garante de que el proceso de negociaciones políticas en el que participara Batasuna le saliera bien a ETA. Cualquier persona normal entiende que no se puede negociar con quien tiene un arma negociadora tan contundente y contra la que es tan difícil de defenderse, como es una pistola. Por tanto, en estas condiciones nosotros no podemos prestar nuestro apoyo al proceso que ha abierto el Gobierno. Y no podemos prestarlo si el Gobierno no rectifica, si el Gobierno no reconsidera su posición, si el Gobierno no le garantiza a los españoles que no va a negociar políticamente ni a reunirse con Batasuna y, por tanto, que no va a negociar con el complejo Batasuna- ETA y si no le garantiza a los españoles que Batasuna no será legalizada mientras ETA no se disuelva.

Mientras esas circunstancias no se produzcan, nosotros no podemos dar nuestro apoyo al Gobierno; y no podemos darlo porque los españoles y los terroristas tienen objetivos distintos. Los objetivos de los españoles son conseguir la libertad, el prioritario, que se cumpla la ley y que ETA se disuelva. Y los objetivos de los terroristas son imponer sus ideas con el chantaje y con el terror. Y con quien quiere imponer sus ideas con el chantaje y el terror, no se puede negociar políticamente nada.

Por tanto, esa es nuestra posición, es una posición coherente con lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años cuando hemos sido Gobierno, con lo que hemos hecho cuando ETA declaró una tregua en 1999, negarnos a una negociación política, con lo que hemos dicho el día en que ETA anunció la tregua el 22 de marzo, con lo que le he dicho al presidente del Gobierno el 28 de marzo y con lo que señalé en el Congreso de los Diputados no hace muchas fechas.

ETA, por lo demás, y Batasuna no parece que tengan la firme voluntad o, dicho de otra forma, han manifestado su voluntad radicalmente contraria a aceptar las cosas que le digan los demócratas. Como los objetivos son distintos, es evidente que tenemos que defender los objetivos de la ley, de la democracia, de la mayoría y de la dignidad de la sociedad española, que ha plantado cara durante 30 años y que de ninguna forma puede aceptar que le digan ahora que se ha equivocado y que realmente los terroristas eran los que tenían razón y ahora hay que hacer lo que ellos digan. Eso es inaceptable.

Y, por tanto, mientras las condiciones no cambie y mientras no se den esas garantías a las que antes he hecho referencia, nosotros no podemos apoyar al Gobierno, sobre la base de que para el Partido Popular será siempre un objetivo nacional la recuperación de la libertad y derrotar a la organización terrorista ETA